Desde 2016, la familia Giacoma quedó rehén de una situación cuando desde el Municipio de Pergamino, siendo Javier Martínez ya intendente, se informó el inicio de un proceso de expropiación de un macizo de unas 58 hectáreas linderas al Parque Industrial Pergamino. Pero, tras varios años, el engorroso trámite legal sólo quedó en la declaración de “utilidad pública” emitida por el Concejo Deliberante.
Así, aquel proceso se enfrió y no hubo prácticamente avances: no se realizó la expropiación propiamente dicha, que debe ser votada por la Legislatura bonaerense y -además- tiene estrictos pasos fijados por la Ley de Expropiación N° 5708 y la propia Constitución provincial.
Pero ese caminar parsimonioso tuvo un abrupto final cuando apareció en escena, hace unos días, una sociedad y una operación de compraventa. Se trata de una Sociedad Anónima denominada “Autopista Pergamino Zona Industrial S.A.”, que manifestó tener la intención de comprar el predio de “Feria Antonio C. Giacoma y Compañía S.A.” para desarrollar unos 80 lotes para uso industrial y comercial.
Ante la abrupta aparición de la mencionada sociedad fue sorpresiva, llovieron las críticas de la oposición y los reparos acerca del proyecto impulsado por el oficialismo comunal.
Para la sociedad, “existen cuestiones políticas”
Sin dudas que todo este tema se terminó politizando y generó fuertes cruces. Tal es así que esta semana, se hizo pública una solicitada firmada por Carlos Gorordo (DNI 22.899.926), representante legal de la sociedad según el estatuto publicado en el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires.
En la solicitada, el abogado Gorordo aseguró que “no existe favoritismo alguno de parte del Poder Ejecutivo Municipal” con la sociedad en cuestión. Aunque admite que “la empresa fue constituida con el objeto de realizar un parque industrial en lotes pertenecientes a la firma Antonio C. Giácoma y Cia, para ello se formalizó una operación comercial privada con la intermediación de una inmobiliaria de esta ciudad y sin participación de la Municipalidad”.
La solicitada detalla que “por petición de la firma propietaria Antonio C. Giácoma y Cia, y luego de varias reuniones con autoridades municipales se logró el entendimiento entre las partes que formalizó en un convenio tripartito, el cual fue tratado en la última sesión del HCD”.
Este acuerdo, según sigue Gorordo, “exige a la empresa Autopista Pergamino Zona Industrial SA la realización de un parque industrial conforme las condiciones pautadas en el expediente administrativo junto a múltiples facultades de contralor reservadas para el municipio y severas sanciones en caso de incumplimiento”.
Además, remarca que “la propuesta fue allegada por Antonio C. Giácoma y Cia con el objeto de solucionar el problema de larga data”. “Desde ya sabemos, que existen cuestiones políticas que exceden el marco de nuestra competencia, pero convencidos de que el proyecto es superador y sumamente beneficioso para la ciudad”.
Qué se sabe de la Sociedad Anónima
La constitución de la sociedad fue reciente, dirigida a la realización del proyecto en cuestión, tal como indicó el representante legal de la sociedad en la solicitada referida.
Así, en el Boletín Oficial número 29.712 publicado el 15 de marzo de este año, se comunicó el edicto relativo a la constitución de la sociedad anónima, instrumentado el 28 de febrero de 2024.
Allí, el estatuto indica que la sociedad tiene por objeto dedicarse a las actividades inmobiliarias, en especial, las relativas a la compraventa con o sin financiamiento, permuta, alquiler, arrendamiento, explotación de toda clase de inmuebles urbanos o rurales, así como también el fraccionamiento y posterior venta de la tierra con fines de urbanización, explotaciones de playas de estacionamiento, parques industriales, agrupamientos industriales, clubes de campo, barrios cerrados y loteos.
También puede ser desarrollista y dedicarse a la prestación de servicios de asesoramiento en toda clase de proyectos inmobiliarios, en especial su gestión y desarrollo integral, como su construcción, ejecución, y venta de materiales para la construcción en general. La construcción de las obras de infraestructura necesarias para el funcionamiento (agua, luz, desagües, gas, pavimento, teléfonos, etc.).
El capital social de Autopista Pergamino Zona Industrial SA fue fijado en solamente $100.000, que era el mínimo al momento para la constitución de la SA. Este capital social era tan notoriamente exiguo que sólo dos días más tarde a la constitución de la SA, el Poder Ejecutivo emitió un decreto que multiplicó por 300 veces el valor del capital social mínimo exigido.
Así, a través del Decreto 209/2024, desde el 1° de marzo del corriente se fijó en $30.000.000 el capital social mínimo exigido para la constitución de sociedades anónimas.
Pero, en principio, tal exigencia no resultaría aplicable a Autopista Pergamino Zona Industrial SA en tanto la constitución fue el 28 de febrero de 2024, es decir, dos días antes de la exigencia de un capital social mayor.
En consecuencia, el capital social de la Sociedad es de 100 mil pesos, dividido en 100 acciones ordinarias.
La conformación societaria, según el estatuto publicado en el Boletín Oficial, es la siguiente:
- Leandro Javier Moschetti - 40% de las acciones.
- Carlos Esteban Gorordo Volp - 15% de las acciones.
- Alejandro Agustín Ambiado Yauhar - 15% de las acciones.
- Mariano Gabriel Zoppi - 15% de las acciones.
- Ariel Orlando Negri - 15% de las acciones.
El representante legal es el presidente que, en este caso, es Carlos Esteban Gorordo Volpi; mientras que el director suplente es Leandro Javier Moschetti.
Karim Dib: “La Municipalidad empezó a notar que no tenía los fondos para pagar el precio de la sentencia”
Por su parte, el secretario de Gobierno municipal, Karim Dib, brindó declaraciones a Canal 4 y dijo que “todo lo que la municipalidad hizo o dejó de hacer está en el expediente”. También explicó que el mismo puede seguir avanzando, los concejales pueden hacer el análisis del caso y cuando se consigan las condiciones el tema se volverá a tratar.
También admitió que el juicio de expropiación del terreno “nunca se inició”, porque “la Municipalidad empezó a notar que no tenía los fondos necesarios para pagar el precio de la sentencia”. De todos modos, dijo: “Nosotros la utilidad pública la vamos a defender. La ciudad necesita que ahí se haga un parque industrial”
En cuanto a lo que propone el Departamento Ejecutivo –según Dib- es quitar la unidad pública de la ordenanza mediante derogación de la misma a través de otra y proponerla en el convenio que se firmó, corriendo la utilidad pública.
Leticia Conti: “El municipio nunca priorizó el crecimiento industrial”
Una de las concejales de Unión por la Patria, Leticia Conti, en la última sesión dijo que el tratamiento de un expediente que tiene que ver con "el abandono de la intención de un intendente de llevar adelante un emprendimiento de ampliación del Parque Industrial" no puede tratarse en 15 días y con "una sola reunión de comisión".
Además, argumentó: "No sabemos, debido a que no pudimos lograr que nos den una respuesta coherente, acerca del por qué, desde el año 2018 hasta el día de la fecha, el proyecto de expropiación no avanzó. Para esto debe haber una razón política, porque en todos estos años el municipio gastó un montón de dinero en muchas cosas y no se priorizó el crecimiento industrial”.
El Departamento Ejecutivo Municipal salió a explicar que los compradores fueron acercados por los propietarios de las 58 hectáreas y, como muestra de buena voluntad, desde el gobierno municipal iniciaron gestiones para que todo el camino iniciado en 2016, con la declaración de utilidad pública, quede anulado.
Intervención de la Justicia
La semana pasada la Fiscalía, a cargo del Dr. Pablo Santamarina, dispuso medidas de prueba y, a través de una orden de presentación, se requirió cierta documentación tras la denuncia del concejal Ramiro Llan de Rosos sobre algunos expedientes que tienen que ver con la declaración de utilidad pública al campo de la firma Giacoma, lindero al Parque Industrial Pergamino.
La medida dispuesta fue cumplida en forma voluntaria y el fiscal Santamarina se encargó de aclarar, en diálogo con diarionúcleo.com, que no se trató de un allanamiento, que tiene un mayor componente compulsivo y está motivado en razones de urgencia y gran gravedad. "Fue una orden de presentación que fue cumplida por la Secretaria Legal de la Municipalidad", remarcó.
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